EL ANHELO DE LA PAZ, LA VIDA DIGNA Y LOS DERECHOS HUMANOS EN MEXICO
“Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia” (Mt 5,6)
Mensaje de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, en la conmemoración del 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
(Fragmentos*)I. FIJAMOS NUESTRA MIRADA EN LOS ROSTROS DE QUIENES SUFREN
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, fue el resultado de una convergencia de tradiciones religiosas y culturales motivadas por el deseo común de poner a la persona humana en el corazón de las instituciones, leyes y actuaciones de la sociedad. La vida de la comunidad muestra claramente cómo el respeto de los derechos y las garantías que se derivan de ellos constituyen un bien común que sirven para valorar la relación entre justicia e injusticia, abundancia y pobreza, seguridad y conflicto. Sin embargo, a pesar de ser la expresión de un alto ideal, compartido por el concierto de las naciones, en el que se incluye la nuestra, los derechos humanos son todavía, a 60 años de su solemne proclamación, objeto de violaciones graves y continuas.
Pobreza y desigualdad
La desigualdad es el desafío más importante que enfrenta el país. La pobreza sigue siendo el principal problema que vulnera a la mayoría de los mexicanos y mexicanas. Según datos oficiales, que miden la pobreza en relación con el ingreso, la mitad de la población de nuestro país vive en situación de pobreza. 44 millones de personas viven en pobreza en México, y de ellas, 24 millones la padecen en su forma extrema. La pobreza priva a las personas de las condiciones de vida que les aseguren su derecho a una alimentación adecuada y a la satisfacción de las necesidades básicas. Atender su situación se plantea como una urgencia moralmente inaplazable, pues hablamos de derechos sociales básicos sin los cuales no se garantiza el derecho a una vida humana.
La mitad de la población de nuestra patria no tiene servicios de seguridad social. Pese a los esfuerzos federales por ampliar la cobertura de salud gracias al llamado Seguro Popular, en algunos estados de la República el porcentaje de población sin acceso a este derecho rebasa la media nacional. Si además consideramos la pobre calidad de los servicios de salud, la falta de actualización tecnológica, la carencia de insumos y de presupuesto suficiente, es claro que el ejercicio de este derecho básico dista mucho de ser efectivo y de alcance universal.
El grado de desigualdad social que hay en nuestra patria es escandaloso. Es un tema sobre el que muchos no gustan que hablemos. Sin embargo, ¿cómo explicar que México sea considerado en el mundo como un país con economía emergente, mientras millones de mexicanos viven en una grave situación de pobreza? La única explicación posible es la desigual concentración de la riqueza y su injusta distribución. Constatar que las mismas condiciones que acentúan la pobreza acarrean un acelerado progreso de degradación social también es escandaloso, pues los pobres no sólo se ven privados de sus derechos básicos, sino que se ven orillados a sobrevivir en los márgenes de la sociedad.
El panorama no es muy alentador si consideramos la situación del empleo. Es un hecho indiscutible la insuficiente generación de empleo formal. La mayor proporción de creación de empleos se da en el área de trabajos eventuales, o de empleos que no reúnen el mínimo de requisitos para ser considerados legales, como es el trabajo estacional ofrecido a los jornaleros agrícolas. Las fuentes legales de generación de ingresos no han crecido; más aún, se ven amenazadas en la situación actual por falta de créditos y por la recesión económica. Un buen número de empleos se generan en el sector informal, como mera estrategia de sobrevivencia, y no de concreción de un proyecto de vida.
Las consecuencias la vemos claramente en el fenómeno migratorio, tanto en el interior de la República como hacia al extranjero, particularmente a los Estados Unidos. La migración implica una condición de alta vulnerabilidad, pues las y los migrantes se ven expuestos a abusos como la corrupción, la agresión física, la intimidación, las amenazas, el abuso sexual, la destrucción de documentos y la detención arbitraria, la falta de información respecto de sus derechos, cuando no de ser víctimas de grupos de delincuencia organizada dedicados al tráfico de migrantes o a la trata de personas.
Por lo que se refiere a la educación, a pesar de los esfuerzos del sector por lograr una cobertura nacional, todavía encontramos preocupantes tasas de analfabetismo en distintas regiones del país, en particular las habitadas por población indígena. El promedio de años de estudio no supera el nivel de educación media básica, y quienes tienen acceso a la educación superior son minoría.
Violencia e Inseguridad
La vida digna de nuestros pueblos requiere de condiciones de seguridad que les garanticen las posibilidades de convivencia pacífica y desarrollo integral.
La crisis de seguridad que vivimos ha sido relacionada con la seguridad pública, que es, en efecto, una de sus principales vertientes; sin embargo, no podemos dejar de considerar la crisis de la seguridad social. Ambas dibujan un panorama desfavorable frente a la exigencia de que los hombres y mujeres de nuestra patria puedan vivir conforme a sus derechos y deberes elementales.
La cifra de víctimas generadas por acciones violentas que generan estos grupos de crimen organizado han sobrepasado las víctimas de países en guerra, o la mortandad ocasionada por epidemias como la del sida, y convierten a nuestra patria en un lugar donde anida la desesperanza y la incertidumbre, porque no sólo se perciben insuficientes las medidas empleadas para combatir la violencia y la inseguridad, sino que los datos estadísticos nos comunican que éstas van en aumento.
En los últimos 10 años, más de un millón de mexicanas y mexicanos han vivido la experiencia carcelaria y, en lugar de lograr su cometido de ser instituciones para el cumplimiento de las penas y espacios de resocialización, los penales se han convertido en lugares de reclutamiento de los grupos criminales y en generadores de rencor social. La violencia, el hacinamiento y la falta de un mínimo de derechos que se vive en las cárceles sin que se vean signos de una reforma integral al sistema penitenciario bajo parámetros de derechos humanos, es sumamente preocupante; también lo son las actuaciones y la estructura misma del sistema de procuración de justicia en México que, en muchas ocasiones, no garantizan el respeto de los derechos humanos, particularmente los de los pobres, ni el de las víctimas de los delitos.
Política y ciudadanía
El respeto, garantía, protección, y promoción de los derechos humanos, constituyen la primera obligación de todo Estado democrático de derecho. De todos los derechos de todas y todos los ciudadanos y de quienes habitan en el territorio. En este sentido, la violación de los derechos humanos consiste en la negación, restricción, afectación o condicionamiento al ejercicio de estos, por parte de los funcionarios, servidores públicos o autoridades en perjuicio de las personas o colectivos.
Aunque de forma mas amplia pueden considerarse también violaciones a los derechos humanos los que llevan a cabo agentes particulares, individuales o colectivos que los violan o vulneran, ya sea por el interés económico que defienden, o por la anuencia y complicidad de las autoridades que los protegen o toleran. Un ejemplo de esto es el caso de las empresas nacionales o trasnacionales, que con el permiso o silencio cómplice de las autoridades contaminan el ambiente o violan derechos laborales sin que se establezcan o apliquen mecanismos eficaces de verificación o sanción.
La promoción y defensa de los Derechos Humanos en México
(...) en algunas ocasiones, tanto en el ámbito social como eclesial, quienes han dedicado su vida a defender y promover los derechos humanos han sufrido injustas agresiones, acusaciones e incomprensiones. Esto se debe en parte a la confusión que existe en muchas personas sobre lo que son los derechos humanos y la diferencia que hay entre defender y promover la dignidad humana y la de impedir que se haga justicia por la comisión de algún delito. No se defiende el crimen, sino la dignidad humana del delincuente. No se protege al malhechor contra la justicia que se le debe aplicar, sino contra las injusticias que se le puedan inferir, generando una cadena incontrolable de violencia y venganza.
Los derechos humanos, tarea de todos, particular responsabilidad del Estado
Los derechos de la persona exigen ser tutelados no sólo singularmente sino en su conjunto: una protección parcial de ellos equivaldría a una especie de falta de reconocimiento. Estos derechos corresponden a las exigencias de la dignidad humana y comportan en primer lugar, la satisfacción de las necesidades esenciales de la personas.
La responsabilidad de proteger los derechos humanos y de asegurar condiciones para que todos y todas puedan cumplir con sus respectivos deberes, recae principalmente sobre el Estado. Sin embargo, los derechos humanos han de ser respetados en las relaciones de todos con todos, como expresión de justicia y de fraternidad, y no simplemente porque pueden hacerse respetar mediante la buena voluntad de las autoridades.
III. HORIZONTES DE ACCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Los fieles laicos, promotores de la dignidad humana.
Invitamos a los jóvenes, que aspiran a la justicia y a la paz, que mantengan viva la tensión hacia estos ideales y tengan paciencia y tenacidad para perseguirlos en las condiciones concretas en las que viven. Rechacen la tentación de usar vías fáciles o ilegales hacia falsos espejismos de éxito o riqueza; amen lo que es justo y verdadero, aunque mantenerse en esta línea requiera sacrificio y obligue a ir contracorriente.
Pobreza y desigualdad
La desigualdad es el desafío más importante que enfrenta el país. La pobreza sigue siendo el principal problema que vulnera a la mayoría de los mexicanos y mexicanas. Según datos oficiales, que miden la pobreza en relación con el ingreso, la mitad de la población de nuestro país vive en situación de pobreza. 44 millones de personas viven en pobreza en México, y de ellas, 24 millones la padecen en su forma extrema. La pobreza priva a las personas de las condiciones de vida que les aseguren su derecho a una alimentación adecuada y a la satisfacción de las necesidades básicas. Atender su situación se plantea como una urgencia moralmente inaplazable, pues hablamos de derechos sociales básicos sin los cuales no se garantiza el derecho a una vida humana.
La mitad de la población de nuestra patria no tiene servicios de seguridad social. Pese a los esfuerzos federales por ampliar la cobertura de salud gracias al llamado Seguro Popular, en algunos estados de la República el porcentaje de población sin acceso a este derecho rebasa la media nacional. Si además consideramos la pobre calidad de los servicios de salud, la falta de actualización tecnológica, la carencia de insumos y de presupuesto suficiente, es claro que el ejercicio de este derecho básico dista mucho de ser efectivo y de alcance universal.
El grado de desigualdad social que hay en nuestra patria es escandaloso. Es un tema sobre el que muchos no gustan que hablemos. Sin embargo, ¿cómo explicar que México sea considerado en el mundo como un país con economía emergente, mientras millones de mexicanos viven en una grave situación de pobreza? La única explicación posible es la desigual concentración de la riqueza y su injusta distribución. Constatar que las mismas condiciones que acentúan la pobreza acarrean un acelerado progreso de degradación social también es escandaloso, pues los pobres no sólo se ven privados de sus derechos básicos, sino que se ven orillados a sobrevivir en los márgenes de la sociedad.
El panorama no es muy alentador si consideramos la situación del empleo. Es un hecho indiscutible la insuficiente generación de empleo formal. La mayor proporción de creación de empleos se da en el área de trabajos eventuales, o de empleos que no reúnen el mínimo de requisitos para ser considerados legales, como es el trabajo estacional ofrecido a los jornaleros agrícolas. Las fuentes legales de generación de ingresos no han crecido; más aún, se ven amenazadas en la situación actual por falta de créditos y por la recesión económica. Un buen número de empleos se generan en el sector informal, como mera estrategia de sobrevivencia, y no de concreción de un proyecto de vida.
Las consecuencias la vemos claramente en el fenómeno migratorio, tanto en el interior de la República como hacia al extranjero, particularmente a los Estados Unidos. La migración implica una condición de alta vulnerabilidad, pues las y los migrantes se ven expuestos a abusos como la corrupción, la agresión física, la intimidación, las amenazas, el abuso sexual, la destrucción de documentos y la detención arbitraria, la falta de información respecto de sus derechos, cuando no de ser víctimas de grupos de delincuencia organizada dedicados al tráfico de migrantes o a la trata de personas.
Por lo que se refiere a la educación, a pesar de los esfuerzos del sector por lograr una cobertura nacional, todavía encontramos preocupantes tasas de analfabetismo en distintas regiones del país, en particular las habitadas por población indígena. El promedio de años de estudio no supera el nivel de educación media básica, y quienes tienen acceso a la educación superior son minoría.
Violencia e Inseguridad
La vida digna de nuestros pueblos requiere de condiciones de seguridad que les garanticen las posibilidades de convivencia pacífica y desarrollo integral.
La crisis de seguridad que vivimos ha sido relacionada con la seguridad pública, que es, en efecto, una de sus principales vertientes; sin embargo, no podemos dejar de considerar la crisis de la seguridad social. Ambas dibujan un panorama desfavorable frente a la exigencia de que los hombres y mujeres de nuestra patria puedan vivir conforme a sus derechos y deberes elementales.
La cifra de víctimas generadas por acciones violentas que generan estos grupos de crimen organizado han sobrepasado las víctimas de países en guerra, o la mortandad ocasionada por epidemias como la del sida, y convierten a nuestra patria en un lugar donde anida la desesperanza y la incertidumbre, porque no sólo se perciben insuficientes las medidas empleadas para combatir la violencia y la inseguridad, sino que los datos estadísticos nos comunican que éstas van en aumento.
En los últimos 10 años, más de un millón de mexicanas y mexicanos han vivido la experiencia carcelaria y, en lugar de lograr su cometido de ser instituciones para el cumplimiento de las penas y espacios de resocialización, los penales se han convertido en lugares de reclutamiento de los grupos criminales y en generadores de rencor social. La violencia, el hacinamiento y la falta de un mínimo de derechos que se vive en las cárceles sin que se vean signos de una reforma integral al sistema penitenciario bajo parámetros de derechos humanos, es sumamente preocupante; también lo son las actuaciones y la estructura misma del sistema de procuración de justicia en México que, en muchas ocasiones, no garantizan el respeto de los derechos humanos, particularmente los de los pobres, ni el de las víctimas de los delitos.
Política y ciudadanía
El respeto, garantía, protección, y promoción de los derechos humanos, constituyen la primera obligación de todo Estado democrático de derecho. De todos los derechos de todas y todos los ciudadanos y de quienes habitan en el territorio. En este sentido, la violación de los derechos humanos consiste en la negación, restricción, afectación o condicionamiento al ejercicio de estos, por parte de los funcionarios, servidores públicos o autoridades en perjuicio de las personas o colectivos.
Aunque de forma mas amplia pueden considerarse también violaciones a los derechos humanos los que llevan a cabo agentes particulares, individuales o colectivos que los violan o vulneran, ya sea por el interés económico que defienden, o por la anuencia y complicidad de las autoridades que los protegen o toleran. Un ejemplo de esto es el caso de las empresas nacionales o trasnacionales, que con el permiso o silencio cómplice de las autoridades contaminan el ambiente o violan derechos laborales sin que se establezcan o apliquen mecanismos eficaces de verificación o sanción.
La promoción y defensa de los Derechos Humanos en México
(...) en algunas ocasiones, tanto en el ámbito social como eclesial, quienes han dedicado su vida a defender y promover los derechos humanos han sufrido injustas agresiones, acusaciones e incomprensiones. Esto se debe en parte a la confusión que existe en muchas personas sobre lo que son los derechos humanos y la diferencia que hay entre defender y promover la dignidad humana y la de impedir que se haga justicia por la comisión de algún delito. No se defiende el crimen, sino la dignidad humana del delincuente. No se protege al malhechor contra la justicia que se le debe aplicar, sino contra las injusticias que se le puedan inferir, generando una cadena incontrolable de violencia y venganza.
Los derechos humanos, tarea de todos, particular responsabilidad del Estado
Los derechos de la persona exigen ser tutelados no sólo singularmente sino en su conjunto: una protección parcial de ellos equivaldría a una especie de falta de reconocimiento. Estos derechos corresponden a las exigencias de la dignidad humana y comportan en primer lugar, la satisfacción de las necesidades esenciales de la personas.
La responsabilidad de proteger los derechos humanos y de asegurar condiciones para que todos y todas puedan cumplir con sus respectivos deberes, recae principalmente sobre el Estado. Sin embargo, los derechos humanos han de ser respetados en las relaciones de todos con todos, como expresión de justicia y de fraternidad, y no simplemente porque pueden hacerse respetar mediante la buena voluntad de las autoridades.
III. HORIZONTES DE ACCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Los fieles laicos, promotores de la dignidad humana.
Invitamos a los jóvenes, que aspiran a la justicia y a la paz, que mantengan viva la tensión hacia estos ideales y tengan paciencia y tenacidad para perseguirlos en las condiciones concretas en las que viven. Rechacen la tentación de usar vías fáciles o ilegales hacia falsos espejismos de éxito o riqueza; amen lo que es justo y verdadero, aunque mantenerse en esta línea requiera sacrificio y obligue a ir contracorriente.
México, D.F., 10 de diciembre de 2008 Los Obispos de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social * Selección hecha por el profesor Carlos Alberto Gutiérrez Aguilar Documento original obtenido el 13 de enero de 2010 de: http://www.ceps-caritasmexico.org/2009/Documentos/Derechos%20Humanos/DH.pdf
