Posted on: 11/02/2011
Alfredo Acedo
El 6 de febrero, la periodista Carmen Aristegui fue despedida abruptamente de su trabajo como conductora del noticiero matutino de MVS noticias. La empresa la acusó de “trasgredir el código de ética de la empresa” dos días después de que ella dio a conocer un reportaje sobre una protesta de diputados de la oposición que hacía referencia al supuesto alcoholismo del presidente Felipe Calderón. Ella sugirió la necesidad de contar con una respuesta formal del gobierno. En sudeclaración oficial, Aristegui se negó a ofrecer disculpas y denunció presión indebida desde la presidencia “incompatible con un régimen democrático y un estado de derecho.” El incidente ha suscitado un gran debate nacional sobre la libertad de expresión y la injerencia política. Ed.
Lejos de ser un hecho aislado, el despido de Carmen Aristegui de MVS ha ocurrido en un contexto de presiones hacia el periodismo independiente, asesinatos de periodistas, represión contra medios comunitarios y violaciones de garantías de los comunicadores.
La periodista misma fue víctima de la censura hace dos años cuando su voz crítica resultó incómoda para Televisa y el consorcio Prisa, ambas empresas en trance de acercamiento y acuerdo con la administración de Felipe Calderón. Aristegui conducía el programa Hoy por hoy, en W Radio, en manos de la televisora y el grupo editorial español. La radio decidió no renovar su contrato.
Vale la pena hacer un recuento rápido de hechos sobresalientes en el marco de la relación perversa de los poderes mediático y político que la alternancia ha mantenido sin tocar.
El acoso a Proceso
A principios de agosto del año pasado, la Secretaría de Seguridad Pública divulgó la captura de integrantes del cártel de La Familia michoacana, y exhibió junto con el armamento, dinero y otros objetos incautados, varios ejemplares del semanario Proceso cuyas portadas registraban la guerra de Calderón contra el narcotráfico. Para los directivos de la revista quedó clara la intención gubernamental de ligar su actividad periodística con el crimen organizado.
En diciembre, la revista informó ser el blanco de una campaña difamatoria iniciada nueve días después de que el semanario dio a conocer declaraciones del presunto narcotraficante Sergio Villarreal, El Grande, según las cuales éste coincidió con Felipe Calderón en una fiesta familiar de un diputado panista.
A través del noticiero que conduce Joaquín López Dóriga, Televisa acusó a Proceso y al reportero Ricardo Ravelo —citando un supuesto testimonio de Villarreal— de haber recibido dinero del narcotráfico a cambio de no mencionar a El Grande en sus reportajes. Proceso rechazó las imputaciones y denunció que era una campaña armada por Felipe Calderón y Televisa.
Hubo un dato discordante en el montaje televisivo: el supuesto testimonio de El Grande que acusa a Proceso fue rendido el 4 de noviembre. Sin embargo, El Grande aparece en una portada publicada 17 días después.
Proceso no bajó la guardia y difundió el adelanto del libro Los señores del narco, de la periodista Anabel Hernández, en el que revela la decisión del calderonismo de establecer contacto directo con Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
La andanada de Televisa contra Proceso ocurrió tras la publicación de las notas periodísticas referidas a Calderón, y después de un largo boicot publicitario del gobierno federal contra el semanario.
El 27 de abril de 2009 Proceso presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el gobierno federal por la asignación discriminatoria de publicidad oficial.
En un sistema democrático de derecho la publicidad con recursos fiscales debe estar sujeta a políticas de estado, y la subvención a ciertos medios que contribuyen a consolidar la democracia puede ser una prioridad. En México la publicidad oficial es herramienta de presión al periodismo crítico y recurso para premiar a los medios afines al gobierno, además de ser una enorme y discrecional transferencia de fondos públicos a manos privadas. Así fue durante los largos años del priismo y tras su llegada al poder ejecutivo federal el panismo no cambió el engranaje, más bien lo mantuvo para su beneficio.
Para Proceso, la revista de mayor circulación en su género, este no es un problema de dinero sino la necesidad de establecer reglas claras en la relación de la prensa y el poder político. Debe haber una ley que reglamente la publicidad oficial en los tres niveles de gobierno pues estados y municipios se manejan con la misma arbitrariedad.
Cabe mencionar que apelando al derecho a saber el resultado real de la elección presidencial de 2006, considerada fraudulenta por millones de mexicanos, Proceso entabló una demanda en una corte internacional, por lo cual las boletas electorales no han podido ser destruidas, en espera del fallo definitivo que pudiera dar pie a un recuento que esclarezca el cómputo.
Boicot publicitario a Monitor
El 29 de junio de 2007, miles de radioescuchas se enteraron atónitos que Radio Monitor realizaba su última emisión, después de 33 años de transmisión ininterrumpida. José Gutiérrez Vivó, director general de Grupo Monitor, denunció en ese último programa el estado de insolvencia financiera causado por el retiro de la publicidad oficial desde el sexenio de Vicente Fox, práctica continuada por Felipe Calderón.
El golpe contra la empresa de Gutiérrez Vivó fue dado por el abuso con que el gobierno maneja los fondos para publicidad oficial que por tratarse de dinero público deberían aplicarse con transparencia y bajo criterios sensibles al impacto y la naturaleza de cada medio.
La práctica autoritaria de los gobiernos panistas en este ámbito no marca diferencias de fondo con los modos indefendibles con que el régimen de partido de estado aplastó al diario Excélsior durante el echeverriato y José López Portillo justificó su boicot publicitario contra Proceso con una frase que compendia la concepción patrimonial del poder todavía vigente: “(no) te pago para que me pegues”.
Agresión a Contralínea
El 10 de abril del año pasado fueron allanadas las instalaciones de la revista Contralínea. Los agresores saquearon los archivos periodísticos, administrativos y contables y se llevaron equipo de cómputo y diversos objetos de valor, así como actas constitutivas de la empresa que edita la revista. Es la cuarta irrupción padecida por este medio informativo en lo que va del sexenio de Calderón.
Tales hechos se suman al hostigamiento que el personal de Contralínea ha soportado desde 2007, derivado de su ejercicio periodístico. La persecución incluye amenazas de muerte de corporativos contratistas del gobierno, demandas civiles y penales, embargo publicitario, el arresto del director, Miguel Badillo, y una orden de aprehensión contra la reportera Ana Lilia Pérez.
La revista ha publicado casos de corrupción gubernamental y empresarial, delitos de cuello blanco, asuntos de seguridad nacional, narcotráfico y lavado de dinero, así como conflictos sociales, pobreza extrema y despojo a pueblos indios, entre otros.
El 14 de septiembre de 2009 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 57/2009, en la cual acreditó como formas de censura la judicialización de la libertad de expresión y el embargo publicitario, y determinó que los poderes federales ejecutivo y judicial violaron los derechos humanos de los reporteros de la publicación.
Represión a radios comunitarias
De acuerdo con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, en este sexenio han sido saqueadas y cerradas violentamente cerca de 80 estaciones de radio comunitarias en México, lo cual configura una política represiva que inhibe el ejercicio de la libertad de expresión y atenta contra la preservación de la cultura de pueblos y comunidades.
Los procesos penales contra operadores de estos medios son otra muestra de la persecución del gobierno panista contra emisoras de servicio social. La utilización de la vía penal contra comunicadores que han mostrado su vocación de servicio y su voluntad de operar legalmente, en vez de que el gobierno use los conductos administrativos que dispone la Ley Federal de Radio y Televisión, es un grave retroceso en materia de derechos humanos.
Por lo visto, al sistema le dan pavor las voces de la gente que desde la precariedad financiera y tecnológica dicen su palabra frente a los pulpos mediáticos que arrasan culturalmente, enajenan y acumulan riqueza.
Derechos y libertades en peligro
Según la revista Zócalo, en lo que va de la administración de Calderón, se han cometido 371 agravios a periodistas y 21 asesinatos de informadores, que se suman a las 208 agresiones y 31 muertes de periodistas durante el foxismo.
La CNDH informó haber recibido el año pasado 80 quejas por presuntas violaciones a las garantías de los comunicadores. Las agresiones a los periodistas vulneran el estado de derecho y niegan la libertad de expresión. También son prueba de la ineptitud de las autoridades en la prevención e investigación de los delitos.
Y la represión directa desde el poder político sobre los medios críticos e independientes cierra el círculo de impunidad en el que derechos humanos y libertades ciudadanas quedan sometidos a graves riesgos.
Por eso el caso Aristegui actualiza los temas del debate sobre derecho de la información y sobre la necesaria reforma legal para democratizar el acceso a los medios de comunicación.
¿Códigos de ética periodística o leyes de medios? En realidad se trata de un falso dilema. Ambos ordenamientos son necesarios. Las normas legales deben garantizar un mínimo de condiciones para que el derecho a la información y la libertad de expresión tengan existencia real. Los códigos deontológicos representan los máximos a los que puede aspirar el oficio de informar con responsabilidad social.
Por ello, los medios deben estar también en manos de informadores, de grupos sociales y comunitarios, no sólo de empresarios que buscan beneficios económicos, pasando por encima del derecho de la sociedad a saber y a expresarse.
Las concesiones para el uso del espacio radioeléctrico, propiedad de la nación, ¿deben seguir siendo decididas por el gobierno o por un ente representativo que garantice la pluralidad de la sociedad mexicana en los medios y no tenga la tentación de usarlas como instrumento de control?
Como señaló Aristegui, es imposible no recordar que MVS pretende ser la tercera red televisiva nacional y va por la renovación de sus concesiones, todo ello bajo un esquema de decisiones que depende hasta ahora del ejecutivo federal, en ausencia de una reforma que actualice el marco regulatorio de los medios.
Alfredo Acedo es director de comunicación social y asesor de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas México.
Obtenido el 16 de febrero de 2011 de Americas Program.
Lejos de ser un hecho aislado, el despido de Carmen Aristegui de MVS ha ocurrido en un contexto de presiones hacia el periodismo independiente, asesinatos de periodistas, represión contra medios comunitarios y violaciones de garantías de los comunicadores.
La periodista misma fue víctima de la censura hace dos años cuando su voz crítica resultó incómoda para Televisa y el consorcio Prisa, ambas empresas en trance de acercamiento y acuerdo con la administración de Felipe Calderón. Aristegui conducía el programa Hoy por hoy, en W Radio, en manos de la televisora y el grupo editorial español. La radio decidió no renovar su contrato.
Vale la pena hacer un recuento rápido de hechos sobresalientes en el marco de la relación perversa de los poderes mediático y político que la alternancia ha mantenido sin tocar.
El acoso a Proceso
A principios de agosto del año pasado, la Secretaría de Seguridad Pública divulgó la captura de integrantes del cártel de La Familia michoacana, y exhibió junto con el armamento, dinero y otros objetos incautados, varios ejemplares del semanario Proceso cuyas portadas registraban la guerra de Calderón contra el narcotráfico. Para los directivos de la revista quedó clara la intención gubernamental de ligar su actividad periodística con el crimen organizado.
En diciembre, la revista informó ser el blanco de una campaña difamatoria iniciada nueve días después de que el semanario dio a conocer declaraciones del presunto narcotraficante Sergio Villarreal, El Grande, según las cuales éste coincidió con Felipe Calderón en una fiesta familiar de un diputado panista.
A través del noticiero que conduce Joaquín López Dóriga, Televisa acusó a Proceso y al reportero Ricardo Ravelo —citando un supuesto testimonio de Villarreal— de haber recibido dinero del narcotráfico a cambio de no mencionar a El Grande en sus reportajes. Proceso rechazó las imputaciones y denunció que era una campaña armada por Felipe Calderón y Televisa.
Hubo un dato discordante en el montaje televisivo: el supuesto testimonio de El Grande que acusa a Proceso fue rendido el 4 de noviembre. Sin embargo, El Grande aparece en una portada publicada 17 días después.
Proceso no bajó la guardia y difundió el adelanto del libro Los señores del narco, de la periodista Anabel Hernández, en el que revela la decisión del calderonismo de establecer contacto directo con Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
La andanada de Televisa contra Proceso ocurrió tras la publicación de las notas periodísticas referidas a Calderón, y después de un largo boicot publicitario del gobierno federal contra el semanario.
El 27 de abril de 2009 Proceso presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el gobierno federal por la asignación discriminatoria de publicidad oficial.
En un sistema democrático de derecho la publicidad con recursos fiscales debe estar sujeta a políticas de estado, y la subvención a ciertos medios que contribuyen a consolidar la democracia puede ser una prioridad. En México la publicidad oficial es herramienta de presión al periodismo crítico y recurso para premiar a los medios afines al gobierno, además de ser una enorme y discrecional transferencia de fondos públicos a manos privadas. Así fue durante los largos años del priismo y tras su llegada al poder ejecutivo federal el panismo no cambió el engranaje, más bien lo mantuvo para su beneficio.
Para Proceso, la revista de mayor circulación en su género, este no es un problema de dinero sino la necesidad de establecer reglas claras en la relación de la prensa y el poder político. Debe haber una ley que reglamente la publicidad oficial en los tres niveles de gobierno pues estados y municipios se manejan con la misma arbitrariedad.
Cabe mencionar que apelando al derecho a saber el resultado real de la elección presidencial de 2006, considerada fraudulenta por millones de mexicanos, Proceso entabló una demanda en una corte internacional, por lo cual las boletas electorales no han podido ser destruidas, en espera del fallo definitivo que pudiera dar pie a un recuento que esclarezca el cómputo.
Boicot publicitario a Monitor
El 29 de junio de 2007, miles de radioescuchas se enteraron atónitos que Radio Monitor realizaba su última emisión, después de 33 años de transmisión ininterrumpida. José Gutiérrez Vivó, director general de Grupo Monitor, denunció en ese último programa el estado de insolvencia financiera causado por el retiro de la publicidad oficial desde el sexenio de Vicente Fox, práctica continuada por Felipe Calderón.
El golpe contra la empresa de Gutiérrez Vivó fue dado por el abuso con que el gobierno maneja los fondos para publicidad oficial que por tratarse de dinero público deberían aplicarse con transparencia y bajo criterios sensibles al impacto y la naturaleza de cada medio.
La práctica autoritaria de los gobiernos panistas en este ámbito no marca diferencias de fondo con los modos indefendibles con que el régimen de partido de estado aplastó al diario Excélsior durante el echeverriato y José López Portillo justificó su boicot publicitario contra Proceso con una frase que compendia la concepción patrimonial del poder todavía vigente: “(no) te pago para que me pegues”.
Agresión a Contralínea
El 10 de abril del año pasado fueron allanadas las instalaciones de la revista Contralínea. Los agresores saquearon los archivos periodísticos, administrativos y contables y se llevaron equipo de cómputo y diversos objetos de valor, así como actas constitutivas de la empresa que edita la revista. Es la cuarta irrupción padecida por este medio informativo en lo que va del sexenio de Calderón.
Tales hechos se suman al hostigamiento que el personal de Contralínea ha soportado desde 2007, derivado de su ejercicio periodístico. La persecución incluye amenazas de muerte de corporativos contratistas del gobierno, demandas civiles y penales, embargo publicitario, el arresto del director, Miguel Badillo, y una orden de aprehensión contra la reportera Ana Lilia Pérez.
La revista ha publicado casos de corrupción gubernamental y empresarial, delitos de cuello blanco, asuntos de seguridad nacional, narcotráfico y lavado de dinero, así como conflictos sociales, pobreza extrema y despojo a pueblos indios, entre otros.
El 14 de septiembre de 2009 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 57/2009, en la cual acreditó como formas de censura la judicialización de la libertad de expresión y el embargo publicitario, y determinó que los poderes federales ejecutivo y judicial violaron los derechos humanos de los reporteros de la publicación.
Represión a radios comunitarias
De acuerdo con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, en este sexenio han sido saqueadas y cerradas violentamente cerca de 80 estaciones de radio comunitarias en México, lo cual configura una política represiva que inhibe el ejercicio de la libertad de expresión y atenta contra la preservación de la cultura de pueblos y comunidades.
Los procesos penales contra operadores de estos medios son otra muestra de la persecución del gobierno panista contra emisoras de servicio social. La utilización de la vía penal contra comunicadores que han mostrado su vocación de servicio y su voluntad de operar legalmente, en vez de que el gobierno use los conductos administrativos que dispone la Ley Federal de Radio y Televisión, es un grave retroceso en materia de derechos humanos.
Por lo visto, al sistema le dan pavor las voces de la gente que desde la precariedad financiera y tecnológica dicen su palabra frente a los pulpos mediáticos que arrasan culturalmente, enajenan y acumulan riqueza.
Derechos y libertades en peligro
Según la revista Zócalo, en lo que va de la administración de Calderón, se han cometido 371 agravios a periodistas y 21 asesinatos de informadores, que se suman a las 208 agresiones y 31 muertes de periodistas durante el foxismo.
La CNDH informó haber recibido el año pasado 80 quejas por presuntas violaciones a las garantías de los comunicadores. Las agresiones a los periodistas vulneran el estado de derecho y niegan la libertad de expresión. También son prueba de la ineptitud de las autoridades en la prevención e investigación de los delitos.
Y la represión directa desde el poder político sobre los medios críticos e independientes cierra el círculo de impunidad en el que derechos humanos y libertades ciudadanas quedan sometidos a graves riesgos.
Por eso el caso Aristegui actualiza los temas del debate sobre derecho de la información y sobre la necesaria reforma legal para democratizar el acceso a los medios de comunicación.
¿Códigos de ética periodística o leyes de medios? En realidad se trata de un falso dilema. Ambos ordenamientos son necesarios. Las normas legales deben garantizar un mínimo de condiciones para que el derecho a la información y la libertad de expresión tengan existencia real. Los códigos deontológicos representan los máximos a los que puede aspirar el oficio de informar con responsabilidad social.
Por ello, los medios deben estar también en manos de informadores, de grupos sociales y comunitarios, no sólo de empresarios que buscan beneficios económicos, pasando por encima del derecho de la sociedad a saber y a expresarse.
Las concesiones para el uso del espacio radioeléctrico, propiedad de la nación, ¿deben seguir siendo decididas por el gobierno o por un ente representativo que garantice la pluralidad de la sociedad mexicana en los medios y no tenga la tentación de usarlas como instrumento de control?
Como señaló Aristegui, es imposible no recordar que MVS pretende ser la tercera red televisiva nacional y va por la renovación de sus concesiones, todo ello bajo un esquema de decisiones que depende hasta ahora del ejecutivo federal, en ausencia de una reforma que actualice el marco regulatorio de los medios.
Alfredo Acedo es director de comunicación social y asesor de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas México.
